DE LA ABOLICIÓN DE LA ESCLAVITUD Y EL DECENIO INTERNACIONAL AFRODESCENDIENTE




Al celebrarse, este 24 de marzo, 163 años del Decreto de Abolición de la Esclavitud, en Venezuela, la ocasión es propicia para valorar las condiciones en las cuales se encontraba la población afrodescendiente a mediados del siglo XIX y cuál es su estatus en la contemporaneidad, en el oportuno contexto del Decenio Internacional de los Afrodescendientes (2015 – 2024) de la Organización de las Naciones Unidas.


El accionar del presidente de la república, José Gregorio Monagas, aquel 24 de marzo de 1854, fue heredero del discurso político liberal occidental de la Revolución Francesa que, en mucho, moldeó el movimiento independentista de las colonias en el Nuevo Mundo: “liberté, egalité, fraternité”. En términos reales, las ideas de libertad e igualdad, tanto para la burguesía francesa como para las élites blancas criollas, constituyeron una plataforma política diseñada para galvanizar la voluntad popular; asegurando el resguardo de los intereses y privilegios de la élite.


La era republicana no habría sido posible sin el seductor discurso de la igualdad que incitaba a las masas a hacer la revolución. Sólo después de conquistada la independencia, resultaba evidente que tal igualdad, por mucho que estuviese impresa, firmada y sellada en un papel, era sólo arenga. En la práctica, el contingente humano (afro-indígena) responsable de las conquistas patriotas, a través de la lucha armada, permanecía en la misma condición de bestia de carga, obedeciendo los mismos criterios supremacistas de las monarquías europeas. Esta escandalosa verdad se puede apreciar en los procesos independentistas del siglo XIX desde el Sur del Río Bravo hasta la Patagonia. Las repúblicas nacientes fueron por y para los blancos criollos, generándose una exclusión social racializada que persiste hasta nuestros días.


De manera que la abolición de la esclavitud en Venezuela (de derecho) no fue más que otra expresión de la tradición republicana a través de la cual la defensa de los privilegios de la élite, se disfrazó de reivindicación para las masas; verbigracia: demagogia. Así, la esclavitud continuó (de hecho) en tanto las condiciones que propiciaban la opresión de los “ex – esclavizados” seguían vigentes; negación del derecho a la educación, a la propiedad y a la participación política. Es más, las disposiciones del decreto de Monagas venían a empeorar el ya precario estado de los afrodescendientes, al tratarse, esencialmente, de una figura jurídica que establecía la indemnización de los amos y no de los esclavos como requisito para la liberación de estos.


Con las especificidades de cada contexto, este es un retrato de la estructura social latinoamericana y del mundo occidental. La pirámide social tiene en su base a los afrodescendientes y se va blanqueando a medida que se asciende. Los descendientes de la diáspora africana sufren las peores condiciones socio-económicas debidas, precisamente, a la herencia colonial; al pensamiento y prácticas supremacistas que, a pesar de los proyectos nacionalistas de emancipación, relegaron a esta parte de la población a la miseria.


Esta realidad ha sido reconocida, sobre la base de criterios científicos y estadísticos, por parte de distintas agencias internacionales; llegándose al consenso universal que reconoce a los afrodescendientes como el grupo humano víctima de la mayor desigualdad social en el planeta y a la Trata Transatlántica como el peor crimen de lesa humanidad de la historia.


De ahí que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) declarase formalmente el inicio del Decenio Internacional de los Afrodescendientes proclamado; efectivo a partir del 1ero de enero de 2015 hasta el 31 de diciembre de 2024. Se trata de un periodo de diez años en el cual la ONU convoca a los Estados, las ONGs, los diversos grupos y la sociedad civil, en general, a adoptar medidas a favor de los afrodescendientes. Quizás semejante iniciativa pudiera sonar como una declaración de buenos principios cargada de romanticismo y grandilocuencia. No obstante, constituye la expresión de una exigencia histórica: la reivindicación de más de 200.000.000 millones de seres humanos.


En este sentido, lejos de la retórica y cercano al pragmatismo, el Programa de Actividades del Decenio Internacional para los Afrodescendientes contempla una serie de acciones concretas que comprometen a los Estados a garantizar la promoción y protección de los derechos humanos de los afrodescendientes, a través de medidas específicas como: la formulación e implementación de legislación favorable; la aplicación de políticas de acción afirmativa que aseguren el ejercicio de sus derechos en igualdad de condiciones, la eliminación de los perfiles raciales por parte de los órganos de seguridad que, en muchos contextos, asocian la condición de afrodescendiente con la criminalidad, entre muchas otras iniciativas que dejan atrás lo discursivo; gracias al intenso lobby de las organizaciones de base ante los organismos internacionales.


La hoja de ruta del Decenio Internacional de los Afrodescendientes es, sin lugar a dudas, la lucha contra el racismo y la discriminación. De ahí que su documento de proclamación (la Resolución/68/237 aprobada por la Asamblea General de la ONU en diciembre de 2013), refiera, inequívocamente, a los mecanismos e instancias derivados de la Declaración y Plan de Acción de Durban; instrumentos jurídicos productos de la III Conferencia Mundial contra el Racismo la Discriminación y las Formas Conexas de Intolerancia celebrada en Durban – Suráfrica en septiembre de 2001.


Consecuentemente, resulta preciso apreciar los matices propios de las diversas sociedades y problemas característicos de cada contexto a la hora de proyectar el alcance de las acciones en el marco del Decenio Internacional de los Afrodescendientes.


En el caso venezolano, hay una gran cantidad de avances desde el punto de vista jurídico e institucional (realidad de derecho) pero no se observa una actitud de conciencia generalizada en la población con respecto a la Afrodescendencia como un valor y una condición susceptible de ser protegida (realidad de hecho). Ello es atribuible a los fenómenos del blanqueamiento (endorracismo) por una parte y la trampa del discurso del mestizaje (igualdad y tolerancia universal por compartir un mismo origen étnico) por otra, mismos que, por siglos, han permeado el imaginario colectivo.


Se impone pues, superar la emboscada ideológica según la cual todos somos iguales, no existe racismo en nuestro país y por ende impulsar reivindicaciones y soluciones en base a criterios étnicos resultaría innecesario. La coyuntura nos ofrece, como sociedad, una oportunidad de oro para desmontar la mentira histórica de la igualdad.

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